Auditoría "de infarto" sobre RTVE de la Intervención General del Estado

Published On 11 febrero, 2010 | By admin | Economia, Nueva Sede, Productoras
El Consejo de Administración aprobaba los proyectos una vez firmados por su presidente, Luis Fernández.

LA GACETA 09:37 | 11 de febrero, 2010 Eugenia Viñes

«De infarto” es como califican algunos expertos con los que ha podido hablar LA GACETA la auditoría que sobre las cuentas públicas del Ente de RTVE de 2008 ha realizado la Intervención General del Estado, sobre la que este periódico ha podido conocer un adelanto. El mismo que el Consejo de la Corporación Radiotelevisión Española conoció ayer. La auditoría relata irregularidades de toda clase en muy diversos departamentos y negocios de RTVE. Según fuentes de la Intervención consultadas por LA GACETA, “ni una sola página de la auditoría está limpia”.

Lo más llamativo es todo lo relacionado con la operación de compraventa de la nueva sede de RTVE y la enajenación de las actuales. El informe destaca que, como si fuera una especie de Juan Palomo, la misma persona es la que se ha ocupado de la venta, la posible compra, los contratos correspondientes, las operaciones de tanteo y hasta de la contratación de los concesionarios.

Llaman igualmente la atención otras dos grandes irregularidades que afectan directamente a cómo Luis Fernández trabajaba sin dar pábulo al conocimiento del Consejo de Administración de RTVE más que a posteriori.
Sobraba

El informe destaca que Fernández llevaba al Consejo la aprobación de algunos contratos después de haberlos firmado ya. Algo que, de acuerdo con la Intervención del Estado, los consejeros califican de “enorme irregularidad”. Se ha dado el caso de que el Consejo llegase a autorizar sin saberlo, y una vez que ya estaba formalizado, un acuerdo por un importe inicial de 85 millones de euros con la Warner Bros. Acuerdo que ya tenía la firma del anterior presidente del Ente público. En estas condiciones, el Consejo ha decidido estudiar con enorme detenimiento la auditoría de la Intervención General de Estado a la que ha tenido acceso LA GACETA.

Negocio de Mansilla
Por lo que se refiere al proyecto de la nueva sede que propuso Fernández, el Consejo por unanimidad ha decidido aparcarlo sine díe. En el informe se dice que “en relación al proyecto nueva sede se han detectado que en la formalización de al menos dos contratos de consultoría –el plan de viabilidad del proyecto y el de asistencia jurídica–, la misma persona firma la necesidad de los servicios, propone a las empresas a las que se debe solicitar las ofertas, firma el informe técnico de las adjudicaciones, firma el contrato y también la recepción de los servicios”.

La persona a la que se refiere el punto anterior de la auditoría es Pedro Pablo Mansilla, director de la oficina de la nueva sede, nombrado a dedo por Fernández. Este texto se refiere precisamente al propio Mansilla en otro punto en el que dice que “la prestación de servicios del director de la oficina de la nueva sede está en un contrato de consultoría cuya duración se dice que está ligada a la del proyecto y condicionada a la conclusión de los trabajos de oficina. Y, en cuanto al precio, se fija un importe anual para la dirección de la oficina y otro importe también anual para los gastos de personal”. También se especifica que “el director podrá realizar contratos para trabajos técnicos de asesoramiento”.

A este respecto, la Intervención del Estado hace dos observaciones, en el sentido de que “tanto la duración como el importe de los contratos ha de estar determinado o debe ser determinable”. Y puntualiza que “la autorización para contratar en nombre de la Corporación no parece tener cabida en la normativa interna sobre contratación. Además, podría suponer la cesión de competencias a personas externas a la Corporación”.

Por otra parte, el Consejo pudo saber algo ayer que desconocía hasta ese momento: el contrato de Mansilla se terminó el mismo día en que cesó Fernández sin que éste diera cuenta al Consejo. Es más, no ha tendido hasta la fecha conocimiento de cuánto ha sido ni el coste de la contratación de Mansilla ni de la oficina que dirigía.

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