NOTA CONJUNTA UGT-SI 20-02-2023

Elena Sánchez encarga una sesgada y carísima auditoría externa para depurar las posibles irregularidades de tres, solo de tres, altos directivos por sus gastos en desplazamientos y transportes. Una información que se ha sabido tras filtrarse datos a medios que nos cuentan que “la corporación RTVE se propone examinar con lupa todos los gastos de los directivos”, obviando la miopía de una lupa que, de todas las posibles irregularidades citadas en el informe de la IGAE, solo ve lo que quiere ver. La lupa de Elena Sánchez no ve las más graves ni las más cuantiosas, solo aumenta las que le interesan para seguir controlando los destinos y el presupuesto de RTVE.

Su lupa parece totalmente ciega a los problemas más graves que señala el informe de la IGAE, que superan los 19 millones de euros y que corresponden a decisiones adoptadas en aquellos tiempos en los que Elena Sánchez y Verónica Ollé fueron secretarias generales: compras no justificadas, incrementos irracionales en la compra de derechos audiovisuales, falta de regulación y normativas, etc.

De todas estas gravísimas posibles irregularidades, nada se ha filtrado a los medios, y como si mirasen a través de la lupa de Elena solo ven y cuentan la sospechosa partida de varios miles de euros que afecta a tres directivos muy concretos, sospechosamente molestos para los planes de la presidenta interina. Toda una cortina de humo para ocultar las graves responsabilidades del tándem Sánchez-Ollé y los directivos de un período que también son señalados y por cuantías más importantes en el informe de la IGAE, por mucho que esto no se quiera ver. Unas filtraciones que, además, nos temeos que están siendo utilizadas como forma de presión contra determinados directivos y consejeros, los más díscolos e independientes de los planes y las directrices de la presidenta interina.

Y es que en todo este asunto hay algo que despide un olor nauseabundo, y quizá fue ese olor el que provocó que en la penúltima sesión del Consejo de Administración - la que acabó con una discusión y un cisma importante entre los consejeros y consejeras- la presidenta interina expulsase al secretario del consejo, Alfonso Morales, y forzase la presencia de Verónica Ollé. Todo ello con el pretexto de que Morales tenía conflicto de intereses con los temas abordados en el informe, cuando en realidad las que podían presentar conflicto de intereses con las cuestiones auténticamente espinosas del informe eran, precisamente, Verónica Ollé y Elena Sánchez que habían sido directivas en el período en el que se originan los problemas más graves suscitados por la IGAE.

Esta investigación sobre los gastos de representación, viajes y comidas, cuya miopía y sesgo le va a costar a la CRTVE 11.000 euros más impuestos en una auditoría, forma parte de esa maniobra de intimidación que no solo se dirige contra directivos, sino también contra consejeros que están siendo presionados por la actual presidencia, que están siendo requeridos inquisitorialmente para que justifiquen sus gastos de transporte y de comidas. Sus intenciones se ven a la legua, la presidenta intenta desestabilizar especialmente al consejero Baños, al que busca atribuirle una presunta incompatibilidad, junto a Ramón Colón que no apoyó la votación de la presidenta. Y la presión ya se está extendiendo al resto del consejo, se buscan asesoramientos a productoras, pluses, taxis… pero de los más graves problemas señalados por la IGAE nada de nada, ese es el inmenso punto ciego en la lupa de Elena Sánchez.

Y es que los problemas auténticos y de mayor gravedad suscitados por la IGAE son estructurales, y no son achacables al actual consejo sino al período de Elena Sánchez y Verónica Ollé bajo la administración única de Rosa María Mateo. Unos problemas que superan con creces los 20 millones de euros, pero a los que la presidencia interina no destina ni un duro para auditorias.

Problemas como el pretendido “ajuste de inventario” que afecta a más de 19 millones de euros, y que en su mayoría se refiere a producciones en las que se invirtió dinero y que ni siquiera han llegado a emitirse. Y así en la página 36 del informe se puede leer que: “Estas bajas en derechos de antena por importantes cantidades de dinero se vienen produciendo en los últimos años, con lo cual sí podemos poner en duda el valor de compra y amortización de las mismas”. O sea, que el informe señala compras que se han venido realizando en los años de gestión de Elena Sánchez y Verónica Ollé que se han hecho sin criterio de utilidad, compras innecesarias.

También podemos encontrar entre las páginas del informe, concretamente en su página 45, un incremento importante en la compra de producciones ajenas y un excesivo incremento de precio en las nuevas contrataciones de las mismas producciones TVE Movies con el proveedor ZDF: “Los contratos a que nos referimos son los acuerdos marcos de 2018 y 2019 cuya vigencia llega hasta el año 2021”. (...) En el contrato marco de 06/04/2018, los precios por 3 años de vigencia de este tipo de programas eran de 15.000 €, en los contratos de 19/06/2018 y 23/07/2019, estas mismas producciones por el mismo periodo de vigencia, 3 años, han pasado a costar 32.000, 56.000 y 66.500 €, lo que supone unos incrementos del 113,33%, 273,33% y 343,33%, respectivamente.”

En su página 37 se señalan, además, renovaciones de programas que se hicieron sin tener en cuenta el cumplimiento de los objetivos de Share. Renovaciones que no se contrataron en tiempos del actual consejo sino mucho antes, la mayoría de ellas en tiempos de Elena Sánchez y Verónica Ollé. Porque son muchas las posibles irregularidades que este informe de la IGAE contiene para que la CRTVE decida investigarlas y depurarlas si se confirman, pero la lupa de Elena Sánchez es completamente ciega a todas ellas menos a una partida muy concreta y no demasiado cuantiosa para las cuantías que maneja el informe, una que afecta solo a tres directivos muy concretos.

¿Por qué no se investigan también y sobre todo estos otros temas? Tanto su naturaleza, como su gravedad, sus efectos en RTVE y su cuantía, así lo aconsejan. Porque ¿cuánto dinero y pérdidas pueden llegar a suponer estas deficiencias estructurales? No cabe duda que hablamos de partidas mucho más significativas e importantes que los mediáticos y llamativos taxis. ¿Y por qué ocultó Elena Sánchez al consejo esta carísima auditoría cuando fue preguntada por ella en la última reunión del Consejo de Administración? La presidenta interina tuvo el valor de negarlo frente a los consejeros y consejeras para que al día siguiente lo confirmasen a través de terceros. Así es como Elena Sánchez pretende manejar el Consejo de Administración y la democracia interna en la Corporación RTVE.

La respuesta a todas estas cuestiones es solo una, a Elena Sánchez no le preocupa en absoluto ni la transparencia, ni la ética ni los dineros de RTVE, a ella solo y exclusivamente le preocupa el control y su silla. Toda esta cortina de humo, esta propaganda y esta persecución, solo confirman que cada día que se mantenga esta situación, con esta presidenta interina al frente, es un peligro para el futuro de la CRTVE y para el buen uso de sus dineros.

20 de febrero de 2023